Debido a los efectos que generó la pandemia de COVID-19, entre los que se cuentan la incertidumbre económica o la falta de certeza sobre la propia salud, y debido a que en diversos lugares, incluyendo la capital de nuestro país, en donde se dieron hechos de violencia, saqueos, extorsiones, y otras conductas delictivas, por parte de grupos que aprovecharon el descontrol derivado de la pandemia.
Con el objetivo de que estos hechos no se repliquen en Querétaro, la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, consideró necesario prever medidas legislativas que ayuden a prevenirlas. Por tal motivo, la Legislatura aprobó, el 30 de abril de 2020, una reforma a diversas disposiciones del Código Penal para el Estado, que tenían como objetivo adecuar el marco legal, para dar herramientas a la autoridad administrativa, para prevenir y en su caso atender ese tipo de casos.
El pasado 2 de julio, el gobernador presentó observaciones a dicha reforma, en las que expresó su preocupación, porque había algunos artículos (221 BIS-1, 287, 288 Y 289) que podrían tener penas demasiado altas y podrían implicar posibles vulneraciones a algunos derechos fundamentales. Por ello, solicitó a esta Legislatura analizar de nueva cuenta la reforma y, en su caso, corregir las penas, proponiendo, incluso, la posibilidad de instaurar penas alternativas a la prisión, tales como el trabajo en favor de la comunidad.
Por ello, el dictamen que hoy discutió y aprobó la Comisión de Gobernación revisó las propuestas de reforma observadas por el gobernador del Estado, asegurando que las mismas sean respetuosas de los derechos humanos. En ese sentido, la reforma no se agota en penas de prisión sino que permite al juez imponer sanciones distintas, como el trabajo en favor de la comunidad.
En el análisis, el órgano legislativo detectó que había algunos preceptos que podían ser mejorados, en aras de proteger, las libertades y derechos de la población, pero sin ignorar que la nueva situación de emergencia sanitaria también exige que el Estado cuente con mejores normas que permitan a la autoridad actuar en un marco de legalidad, en caso de ser necesario.
Además, el proyecto de dictamen propone también penas alternativas a la prisión en varios delitos, por lo que la pena privativa de la libertad no será la única que la autoridad pueda imponer; y disminuye las penas de prisión propuesta en los artículos 287, 288 y 289
