En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Tania Palacios Kuri y los legisladores Antonio Zapata Guerrero y Hugo Cabrera Ruiz, presidenta, secretario e integrante de la misma, aprobaron por unanimidad, y con modificaciones, el Dictamen de la Iniciativa de Ley que adiciona un último párrafo al artículo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, en materia de política de mejora regulatoria.
En la sesión de trabajo se contó con la presencia del Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo estatal, Víctor Antonio De Jesús Hernández, como uno de los autores de la iniciativa. Asimismo estuvieron conectados vía Zoom los representantes de los ayuntamientos designados para atender esta reforma a la Constitución Política del Estado, ya que por las medidas preventivas para mitigar la contingencia por el COVID-19, no se tuvo la participación presencial de los ayuntamientos, los cuáles forman parte del Constituyente Permanente del Estado, no obstante se habilitaron los medios electrónicos necesarios para que estos hagan llegar sus observaciones en torno a la iniciativa.
El secretario de la Comisión, diputado Antonio Zapata, detalló como queda la adición al artículo segundo constitucional: “A efecto de considerar el desarrollo económico y social del estado de Querétaro de manera integral y sustentable, las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán de manera continua, coordinada y permanente la política de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites y servicios, así como los demás objetivos que establezcan los ordenamientos en la materia”.
La presidenta de la Comisión expresó a los regidores que como parte del Constituyente Permanente de la entidad, tienen toda la libertad para expresar lo que mejor convenga a cada uno de sus municipios en la discusión de este asunto.
En ese sentido, dio a conocer que se recibió vía correo electrónico un comentario de la regidora síndica Ivelizze Sánchez Rocha, en representación del ayuntamiento de Tequisquiapan, en donde manifiesta su voto a favor de la propuesta, al considerar que la mejora regulatoria contribuirá a evitar la corrupción, así como los obstáculos al comercio y de manera metódica y eficaz agilizará los trámites a fin de impulsar el crecimiento económico, tan necesario -dijo- en esta época de pandemia mundial.
El diputado Hugo Cabrera manifestó que la reforma llega en el momento oportuno: “en el contexto de una pandemia que ha puesto a prueba a los gobiernos, resulta primordial adecuar los marcos normativos que garanticen robustecer a la burocracia para atender eficiente y eficazmente las demandas de la ciudadanía. (…) esta propuesta pretende incorporar a nuestra Constitución local un instrumento de mejora regulatoria que consiste en la generación de normas claras, trámites, regulaciones y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación (…) a fin de generar condiciones que alienten el progreso del estado y municipios en beneficio de la población”, afirmó.
En otro asunto, fue aprobado por unanimidad el Dictamen del Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero; contando con la participación de la diputada Fabiola Larrondo Montes en torno a este asunto.
La diputada Tania Palacios dijo que con la reforma aprobada se ven ciertos avances porque se amplía el catálogo de delitos por los cuales puede ser juzgado el Presidente de la República en materia de fuero, incluyendo hechos de corrupción, delitos electorales y delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. “¿Hay avances con esta reforma? Sí, no todo es malo… (…) sin embargo no estamos hablando propiamente en el hecho y en la realidad de la eliminación del fuero al Presidente, lo que cae en simulación (…)”, afirmó la legisladora, exponiendo tres conclusiones:
1. La reforma que se pretende aprobar se trata de una reforma cosmética que deja vigentes los privilegios del titular del Ejecutivo”.
2. Se mantiene vigente el procedimiento que establece la participación de la Cámara de Diputados como acusadora y del Senado como Jurado de sentencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 110 y 111 constitucionales, situación que hace improbable cualquier sanción en contra del presidente; lo que, en los hechos, representa la existencia de un tribunal especial favorable al Presidente.
3. Es una falacia que el presidente de la República pueda ser juzgado como cualquier ciudadano. Para que eso sucediera, la reforma debería permitir que se le imputara directamente por el Ministerio Público ante un Juez, sin ningún trámite previo.
El diputado Hugo Cabrera igualmente consideró que esta reforma a la Constitución General es un paso importante, loable, pero insuficiente, ya que dijo: “Con este nuevo cambio en la Carta Magna, no se cancela el fuero del presidente de la República, se amplían los delitos por los cuales puede ser juzgado, lo cual es un avance, pero se conserva para ello el procedimiento de desafuero, el cual deberá encabezar el Senado; sin embargo, si el Presidente mantiene la mayoría de su partido origen en el Congreso, como hoy sucede, podría ser arropado sin dar pie al proceso de desafuero”.
Para concluir, la diputada Fabiola Larrondo consideró un gran avance para el país el incluir hechos de corrupción y delitos electorales en el catálogo de delitos por los cuales puede ser juzgado el presidente de la República, por lo cual celebró la aprobación de este Decreto por los integrantes de la Comisión: “necesitábamos incluir estos delitos, por la grave incidencia en ambos”, afirmó.
