La tortilla —ese básico que nunca falta en la mesa mexicana— está en el centro de una nueva batalla. Mientras productores ya hablan de un posible aumento en el precio, el gobierno federal y parte de la industria lo desmienten y piden calma. El resultado: incertidumbre total para millones de familias.
Desde el gremio tortillero, encabezado por Homero López García, la advertencia es clara: el precio del kilo podría subir entre 2 y 4 pesos. ¿La razón? Un combo que pesa cada vez más en los negocios: rentas elevadas, luz, gas, transporte, insumos y hasta refacciones más caras.
A eso se suma un punto clave: aseguran que el precio de la tortilla lleva años prácticamente congelado en varias regiones, lo que ya habría generado pérdidas cercanas al 16% para el sector. En pocas palabras, dicen que mantener los precios actuales ya no es sostenible.
Pero del otro lado, la historia es completamente distinta.
El gobierno federal, junto con organismos como la Cámara Nacional del Maíz Industrializado, rechaza que exista una justificación real para subir el precio. Argumentan que no hay aumentos significativos ni en el maíz ni en la harina, por lo que cualquier alza sería injustificada.
Además, recuerdan que existe el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, una estrategia que busca mantener precios estables e incluso bajarlos, ofreciendo apoyos como insumos a menor costo y financiamiento accesible para los negocios.
La Procuraduría Federal del Consumidor también entra en escena: mantiene vigilancia constante en cientos de tortillerías para evitar abusos, revisar básculas y monitorear precios.
Mientras tanto, la realidad en las calles es otra: el precio ya varía bastante según la ciudad, y en algunos lugares supera los 30 pesos por kilo.
Así, el debate queda abierto:
¿Se viene un aumento inevitable o estamos ante una presión del sector para ajustar precios?
Lo único claro es que cualquier movimiento impacta directo en el bolsillo… porque en México, cuando sube la tortilla, se siente en todo.
