México se encuentra al borde de aprobar una reforma que transformaría la CURP en una credencial biométrica obligatoria. Esta nueva versión incluiría huellas dactilares, escaneo facial, iris, firma electrónica y patrones de voz. Aunque se presenta como modernización, expertos advierten riesgos de vigilancia estatal sin controles adecuados.
En contraste con Alemania, Canadá o el Reino Unido, donde estas tecnologías se han limitado por razones constitucionales, en México la iniciativa avanza sin debate público, sin consenso legal y sin organismos autónomos de protección de datos. Además, el país carece de una regulación robusta en biometría y ha enfrentado casos documentados de espionaje y filtraciones.
Especialistas alertan que centralizar datos biométricos implica riesgos: persecución política, errores que excluyen a personas de servicios y, sobre todo, que la biometría no se puede cambiar si es filtrada. Tus huellas o iris quedan expuestos de forma permanente.
El verdadero problema es la ausencia de límites y supervisión independiente. Una CURP biométrica sin garantías puede convertir al Estado en el único árbitro de la identidad, afectando la privacidad, la libertad y el acceso a derechos fundamentales.
