Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó las impugnaciones presentadas por partidos opositores que intentaban bloquear la reforma judicial propuesta por el gobierno. Con solo siete votos a favor de invalidar parte de la iniciativa, el tribunal no alcanzó la mayoría calificada necesaria para frenar la reforma, lo que deja vía libre para su implementación. Así, el gobierno y el Congreso pueden avanzar con una reestructuración histórica del poder judicial mexicano.
El cambio más polémico de la reforma es la propuesta de elegir a jueces y magistrados por voto popular, un aspecto que ha desatado protestas masivas frente a la Corte, donde miles de jueces, abogados y estudiantes exigieron su anulación. Los críticos temen que esta medida politice al sistema judicial, debilitando su independencia y permitiendo la influencia del gobierno en las decisiones judiciales.
Aunque la decisión de la Corte no resuelve el fondo de la reforma, la controversia sigue siendo un tema candente. A medida que avanza el proceso, el debate sobre el impacto de estas reformas en el equilibrio de poderes y en la imparcialidad del sistema judicial continuará dominando la agenda política y social de México.
